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El bloqueo económico y financiero que impone el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ocasionó la pérdida de 130.000 millones de dólares entre 2.015 y 2.018, sin contar la gran cantidad de divisas que ha dejado de percibir la nación a raíz del recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales de la administración Trump en lo que va de año.
Solo la apropiación ilegal de la empresa venezolana CITGO este año, propiciada por el integrante de la célula criminal Cocoon 2.0, Juan Guaidó, le ha costado al país 11 mil millones de dólares en pérdidas por los dividendos congelados, más siete mil millones de dólares por la apropiación ilegal de los activos de la organización petrolera.
PDVSA en el centro de ataque
A partir del 23 de enero de 2019, con la autoproclamación ilegal de Guaidó, aumentó la agresividad económica contra el país que ya venía padeciendo los efectos negativos de las medidas unilaterales y coercitivas aplicadas por los integrantes de la Casa Blanca. Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ha sido el centro de estas agresiones que para muchas analistas y defensores de los DDHH, representan crímenes de lesa humanidad.
Solo entre 2014 y 2018 el ciclo de las medidas hostiles estuvo direccionada contra el índice de Riesgo País.
Con estas medidas intentaron en esos cuatro años inducir un default para quebrar la economía venezolana, mediante ataques selectivos al Riesgo País, a la deuda venezolana y a las emergentes “sanciones” que comenzaban a ahogar al sector petrolero y su acceso al sistema financiero internacional, sostienen expertos en el área económica.
En 2019, las continuas órdenes ejecutivas del EE.UU. se convertirían en un instrumento para confiscar ilegalmente varios activos (financieros y energéticos) del país, bajo la narrativa de que los cuantiosos recursos lo gestionaría el ilegal “gobierno de Guaidó”.
En enero de 2019, la Casa Blanca emitió la O.E. N°. 13850, que incluyó a PDVSA en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), organismo del Departamento del Tesoro de EE.UU., que además autorizó un embargo ilegal contra la estatal petrolera, limitando el pago de sus exportaciones y la importación de diluyentes y otros aditivos. Al mismo tiempo, prohibió que el sistema financiero estadounidense se involucre en negocios petroleros o auríferos con Venezuela.
Consecuencias
Pdvsa presenta dificultades para la importación de diluyentes y otros aditivos que le permitan seguir exportando su producción y así sostener el nivel de ingresos del país. La medida también repercute negativamente en el comercio doméstico de combustible, al privar al país de la importación de aditivos para el combustible y la mezcla del crudo extrapesado venezolano.
El Estado venezolano no puede utilizar los dividendos de Citgo, calculados en 11 mil millones de dólares, tras el embargo ileagl de EE.UU., obstruyendo la capacidad para la importación de medicinas y alimentos para la sociedad venezolana.
Estos fondos confiscados ilegalmente reposan en cuentas opacadas, administradas directamente por el gobierno de EE.UU., apoderándose discrecionalmente y bajo medidas de arbitraje de miles de millones de dólares que le pertenecen a Venezuela.
El bloqueo de las cuentas utilizadas por la República para sus actividades comerciales, bajo la narrativa de que ahora están bajo administración de Guaidó, genera retrasos y retenciones al momento de importar medicamentos sensibles para los pacientes venezolanos.
El bloqueo económico y la vigilancia extrema que sufren las transacciones venezolanas, ha desembocado en que las cajas CLAP sean objeto de boicot para evitar su importación efectiva.
El gobierno venezolano presenta enorme dificultades para acceder al financiamiento internacional, reestructurar su deuda o realizar inversiones petroleras, con el objetivo de recibir recursos frescos que permita el desarrollo económico y social del país.
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